En declaraciones a Servimedia, Moya indicó que esta semana ha mantenido varias reuniones con la consejera de Asuntos Sociales del Gobierno de Madrid, Pilar Martínez, con la que "estamos trabajando en la idea de adaptar una normativa a lo que está ocurriendo para evitar que estas cosas sucedan más".

Insistió en que después del caso de la residencia en Dos Hermanas (Sevilla) "desapareció en dos días esta presión, hasta que volvió a ocurrir en Madrid. Ya se esta viendoque no se puede bajar la guardia y que hay que estar constantemente en un seguimiento y una inspección, más que del sector legalizado, de los establecimientos clandestinos".

Moya explicó que las residencias legales, registradas por las comunidades autómomas, "están perfectamente controladas, y nos pueden inspeccionar tantas veces como quieran. Lo que me preocupa son aquellos que establecen una actividad, que no intentan legalizarse en ningún momento, sino que están camuflados y manteniéndolo mientras guante".

Asimismo, indicó que hay personas entre el sector clandestino y el legal, aquéllas que están en fase de autorización, y que tardan en tener los papeles entre ocho y diez meses, después de haber invertido el dinero en el proyecto y terner la residencia preparada para la apertura.

Por ello, pidió que se establezcan autorizaciones provisionales, porque de lo contrario "la gente se ve abocada a abrir sin tener la preceptiva autorización, porque les ahogan las facturas".

Asimismo, reclam que en la Comunidad de Madrid se considere como residencia "aquel servicio que se le presta a un mayor que abandona su casa y llega a un establecimiento para ser atendido", y no se exija un mínimo de cinco camas para que estos centros sean considerados residencias de ancianos. "Ahí hay un vacío legal importante que tratamos de subsanar", concluyó.