En las conclusiones del informe sobre los ancianos en Galicia, al que tuvo acceso Servimedia, el Valedor denuncia un grave déficit de plazas, que cifra en 16.000, aunque reconoce que en 1993 sólo había 1.935 nombres en las listas de espera de las residencias públicas.

Para la institucón, "la alarmante desproporción entre la oferta y la demanda" reviste especial gravedad en lo referente a los los ancianos que no tienen autonomía en su movilidad.

El Valedor inspeccionó 17 residencias públicas antes de elaborar su informe y dictaminó que las condiciones físicas y materiales de los inmuebles son buenas e, incluso, excelentes, con el problema de las barreras arquitectónicas generalmente bien resuelto.

FUENTE DE CONFLICTOS

Asimismo, las condiciones de vida y alimentación también on buenas y el informe apunta como la principal fuente de conflictos el hecho de que los internos no puedan elegir a sus compañeros de habitación. En ningún momento la investigación halló indicios de malos tratos a los ancianos.

El Valedor do Pobo de Galicia denuncia, por otra parte, que la participación de los ancianos en la organización interna de las residencias es escasa y echa en falta criterios unificados para el diseño y construcción de los inmuebles para adecuarlos a las necesidades físicas y otoras de los internos.

También promueve que las residencias sean mixtas, para válidos e inválidos, de modo que ningún residente tenga que ser trasladado de edificio cuando sus condiciones físicas le impidan moverse con autonomía.

El Valedor también considera necesario que las administraciones creen residencias de estancia transitoria, para que puedan acoger a ancianos solos en estado posoperatorio o bien a los acompañados mientras la persona que los cuida habitualmente se recupera de una enfermead, realiza un viaje necesario o toma unos días de vacaciones.

El Valedor dedica un capítulo aparte a las residencias ilegales, y baraja la cifra de 10.000 plazas clandestinas en toda España. El informe considera que suponen un grave peligro, por la posible explotación o violación de derechos de los ancianos, como se demostró en un informe del Senado sobre esta materia.

El informe incide especialmente en resaltar que las residencias no son la alternativa deseable, sino el último recurso si los anianos no pueden vivir en el entorno familiar o cuidados por asistentes sociales o voluntarios en su domicilio.