Esta cantidad es el resultado de las actuaciones necesarias en los 149 centros en funcionamiento controlados por el Gobierno autoómico.

De esos 2.000 millones de pesetas, el Hogar Doz de Tarazona (Zaragoza) -que pertenece a la Diputación Provincial y debe ser transferido a la DGA- y la Sagrada Familia de Huesca absorben aproximadamente 1.500 millones.

La DGA ha modificado el decreto de mínimos con el objetivo de suavizar algunas de la condiciones referidas a infraestructura y establecer unas categorías más acordes con las necesidades reales y la capacidad.

La Consejería de Bienestar pretende que los espacios se atenga a sus funciones y buscar soluciones arquitectónicas que no impliquen una reducción de plazas. Además, estudia la apertura de líneas de subvención para las residencias que soliciten ayuda para la adaptación.

El Gobierno regional considera acertada su política de control de las residencias de la tercera edad. Según fuentes del Ejecutivo, el régimen jurídico "es sin lugar a dudas el más riguroso" de España. Con respecto a los mínimos fijados, indicaron que "Aragón tuvo en cuenta la normativa existente e otras comunidades autónomas como punto de partida de su propia regulación".

El decreto de mínimos establece las condiciones funcionales y materiales exigibles en todos los centros, la tipología de los servicios y establecimientos sociales y los requisitos de las unidades que componen cada uno de los servicios y establecimientos.