A esta circunstancia atribuye la Fiscalía la disminución de las denuncias, que no significó que la violencia de género hubiera decrecido. En concreto, la violencia psicológica y la cometida digitalmente sufrió un notable incremento como pone en evidencia el hecho de que las llamadas al 016 aumentaron un 37% y por la importante utilización los dos números de WhatsApp que se pusieron a disposición de las víctimas.

En este contexto, se publicaron la Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia y la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica que abordan, entre otras cuestiones, reformas de la Lecrim y del Código Civil en relación con el régimen de visitas y comunicación con los hijos e hijas menores por parte del progenitor que esté incurso en un proceso penal iniciado por violencia de género o doméstica.

En 2021 se registraron un total de 50 feminicidios, seis más que en 2020, pero un número inferior a las 59 víctimas de 2019 y a las 51 de 2018. Del medio centenar de mujeres asesinadas el pasado año sólo habían denunciado previamente 11, lo que representa un 22%, que es un porcentaje superior al registrado en el año 2020 (13,63%) e inferior al del año 2019 (23,3%).

En una decena de veces se había acordado alguna prohibición de aproximación, lo que representa que en un 90,90% de las ocasiones en las que la víctima había denunciado se dio una respuesta por la Administración de Justicia tendente a su protección; en siete ocasiones estaba vigente una pena o medida de prohibición de aproximación, lo que supone un 63,63% del total de las víctimas que denunciaron previamente.

En comparación con la memoria anterior, se aprecia un incremento importante, pues en el año 2020, en el 42,86% de los casos en los que se había denunciado previamente se había acordado una medida o pena de prohibición de aproximación y que en dos casos (28,6%) estaba vigente en el momento del feminicidio.

Esta información, junto con el dato de que el 71,36% de las órdenes de protección solicitadas fueron concedidas, refuerza la necesidad de potenciar e impulsar las denuncias por parte de la propia víctima, sus familiares y personas de su entorno más próximo y por los profesionales sociosanitarios que, sabemos que son los protagonistas en la detección de la violencia de género.

En cuanto a la nacionalidad la mayoría de las víctimas eran españolas (el 54%), así como los agresores (74%). La mayoría de las víctimas y agresores tenían entre 26 y 50 años, seguidas por las que tenían entre 51 y 65. En cuanto al mecanismo feminicida sigue predominando la utilización de armas blancas que fueron utilizadas en un 44% de los casos, seguidos de la de armas de fuego (18%), asfixia/sofocación (18%), a base de golpes (martillo/piedra) el 8%, en una ocasión se produjo por atropello, en una por precipitación, otra por degüello, otra por estrangulamiento a lazo y otra por incendio.

31 NIÑOS Y NIÑAS

Del total, 18 de las víctimas tenían hijos menores de edad sumando estos un total de 31 niños y niñas. Una de las víctimas estaba embarazada de 20-21 semanas y el agresor asesinó además a la hija común de 11 meses. Además, dice la Memoria, 14 de los agresores se suicidaron, cinco lo intentaron, ocho se entregaron y 28 fueron detenidos (incluidos los que intentaron suicidarse); uno está en busca y captura.

En cuanto a la incidencia por comunidades, en números absolutos la que más feminicidios registró fue Andalucía (10) seguida de Cataluña (9), Madrid (8), Valencia (6), Castilla y León (4); País Vasco, I. Baleares y Aragón registraron dos cada una de ellas y Castilla la Mancha, Asturias, Navarra, Galicia y Canarias, una cada una. El total de denuncias retiradas el pasado año fue de 51.

Las medidas que en mayor proporción se acordaron para proteger a las víctimas fueron la orden de alejamiento (69,11%) y la prohibición de comunicación con la víctima (65,79%), mientras que las medidas privativas de libertad (prisión provisional) representan el 2,77% del total de las adoptadas.

Respecto a las víctimas menores de edad, las medidas de protección solicitadas en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer y en los Juzgados de Guardia durante el año 2021 fueron 683, lo que representa un 1,6% del total solicitadas. En el año 2020 fueron 700, que suponían un 1,7% del total; luego, tanto en números absolutos como relativos, la proporción ha variado mínimamente.

Un año más, la Fiscalía insiste en que esta diferencia de criterios entre los juzgados a la hora de proteger a las víctimas “genera inseguridad jurídica, desincentiva la denuncia y produce desigualdades intolerables para las víctimas, dependiendo de su lugar de residencia”.

El informe de la Fiscalía contempla también el porcentaje de sentencias condenatorias por denuncia falsa, que es “ínfimo”. Así, el promedio entre los años 2009 y 2021 de este tipo de denuncias es del 0,0084%.