Esa cantidad sería el perjuicio que habrían sufrido las arcas públicas por el precio fijo acordado entre ambas compañías para el gas natural que se exporta de Bolivia a Brasil (contrato de cobertura) con el fin de asegurar los ingresos de Andina ante posibles desplomes del precio del gas. Pero como el precio se disparó, el Gobierno boliviano considera que ambas petroleras han cometido una "estafa".

Fuentes de Repsol YPF consultadas hoy por Servimedia señalaron que "en todas nuestras operaciones en Bolivia hemos cumplido escrupulosamente la legalidad, como en el resto de los países".

Asimismo, Repsol YPF añadió que "todo lo que hemos hecho, y ese contrato incluido, lo hemos hecho con total transparencia, es decir, con conocimiento del Gobierno".