La resolución recurrida, de 9 de julio de 1997, multa a la compañía a pagar 60 millones de pesetas por vulnerar de forma muy grve la Ley de Prevención de Riesgos Laborales al no adoptar las medidas preventivas adecuadas y otros 5 millones por no comunicar a las empresas contratistas a las que pertenecían las víctimas los riesgos existentes y las medidas de protección, prevención y emergencia necesarias.

Tres de los trabajadores fallecidos pertenecían a Coplain, S.A. y el cuarto a Coaisma S.A. El accidente se produjo en la unidad 20-A de la planta de producción como consecuencia de la explosión producida en la caldera de vapornúmero 4. El Tribunal Supremo ha fallado que no ha lugar al recurso de casación interpuesto por Repsol Petróleo.