Las mismas fuentes han señalado que la operación incluirá do tramos de colocación, uno para inversores minoristas y otro para institucionales, y que será analizada mañana en Comision Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, por lo que previsiblemente podría ser aprobada el viernes en el próximo consejo de Ministros.

Los ingresos brutos que se estiman para el Estado por esta operación rondan los 125.000 millones de pesetas, aunque existe la intención de reservar todo o parte del importe de la privatización en poder de la SEPI durante unos seis meses, paraque genere una rentabilidad similar a los beneficios que esta sociedad estatal dejará de obtener por la venta de acciones de la petrolera.

Asimismo, el Ministerio ha remitido al Consejo de Estado el decreto de privatización de Repsol, imprescindible para llevar a cabo la operación sin alterar la ley de enajenación de participaciones en empresas públicas, y cuya finalidad es reservar determinados derechos a la administración en la toma de decisiones que afecten al futuro o viabilidad de la petrolera. Entre dichas reservas del Estado figura la potestad de someter a autorización previa operaciones de disolución, absorción, escisión y fusión de la compañía, así como la compra-venta total o parcial de títulos -si superan el 10% del capital- o activos, siempre que sean esenciales para su actividad o estén ligados a situaciones de concesión pública, como son los oleoductos. También tendrá el mismo régimen de autorización administrativa previa cualquier cambio en la definición social del grupo.

Por elcontrario, el decreto de privatización de Repsol no pondrá objeciones a que el consejo de la compañía decida sin dar cuentas, más que a sus accionistas, de activos como gasolineras, negocios químicos o intereses del grupo petrolero ubicados fuera del territorio nacional, como los campos de exploración y producción de crudo en otros países.