Este vehículo de inversión, denominado Fondo ESG de Carbono, fue presentado este miércoles en Madrid en un acto en el que participaron el presidente de Repsol, Antonio Brufau, y el secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Gonzalo García.

Con esta iniciativa, Fundación Repsol quiere tanto crear un mercado voluntario de compensación de emisiones de CO2 como maximizar el desarrollo del Proyecto Motor Verde lanzado junto al Grupo Sylvestris para impulsar planes de reforestación en España.

Brufau destacó que este fondo pretende ofrecer a las empresas interesadas en participar “algo más que solo ganar dinero”, permitiéndoles “aportar su granito de arena para que el planeta sea más sostenible”.

A este respecto, indicó que este proyecto de reforestación permitirá la Reducción de 6 millones de toneladas de emisiones de CO2, además de impulsar el desarrollo rural, creando empleo para mujeres y personas con discapacidad.

“Es un proyecto muy ilusionante que sí o sí va a tener éxito”, concluyó Brufau, quien se mostró seguro de que “la sociedad y los inversores lo van a entender”.

SISTEMA ECONÓMICO

Por su parte, Gonzalo García, valoró que este fondo de inversión es “un ejemplo de muchas cosas que necesitamos y que tienen mucho que ver con el esfuerzo en el que estamos inmersos todos como sociedad y conjuntamente con nuestros socios europeos”.

En esta línea, sentenció que “el gran desafío de nuestra generación es la descarbonización y la lucha contra el cambio climático” por lo que advirtió de que “tenemos que cambiar todo el sistema económico en lo que afecta a cómo producimos y a cómo consumimos”.

Por ello, apuntó que este proceso de transformación afecta a todos los sectores económicos más allá de la industria y la energía, incluyendo a los servicios y al sistema financiero, que “es el elemento de dinamización de las transformaciones económicas”.

Por último, recordó que el Gobierno trabaja en un Plan Nacional de Finanzas Sostenibles y que tiene el objetivo de que las emisiones verdes del Tesoro como la realizada el pasado mes de septiembre conviertan en “un instrumento regular de la política de financiación de la deuda del Estado”.