Esta medida es el paso previo al decreto que Industria prevé llevar al Consejo de Ministros en el mes de enero, y que supondrá la señal de "salida" para una nueva colocación de acciones de Repsol que ahora tiene el Estado, y que podría reducirse hasta el 14%, tras el acuerdo del pasado día 21 de noviembre de la SEPI, de poner en venta hasta 21 millnes de acciones.

Según explicó el ministro de la Presidencia, Alfredo Pérez Rubalcaba, es la primera vez que se utiliza esta técnica en España y supone "una fórmula de garantizar que en el proceso de privatización de Repsol se respeten los objetivos generales que dieron origen a su creación y a la participación del Estado en la misma".

Según ha declarado a Servimedia el subsecretario de Industria, Juan Carlos Girbau, este ministerio cuenta ya con un borrador del decreto que recogerá los derechos ue se reserva el Estado en la toma de decisiones de Repsol cuando pierda el control de la petrolera.

Entre dichas reservas, dijo, figuran aspectos básicos como la disolución, escisión, fusión, absorción, venta total o parcial de títulos o activos de la compañía, considerados esenciales para su actividad o ligados a situaciones de concesión pública, como los oleoductos, además de un posible cambio en su definición social.

En cualquier caso, el decreto de Repsol no pondrá objeciones a la venta de gsolineras, ni a los negocios químicos de la petrolera, o a activos situados fuera del territorio nacional, como es el caso de los campos de producción de crudo en otros países.

Sí habrá, sin embargo, una exigencia de autorización previa de la administración para que se puedan comprar o vender títulos en "paquetes" superiores al 10%.

Rubalcaba dijo que los ingresos que obtenga el Estado con la nueva privatización de Repsol se destinarán a la reducción del déficit público, extremo, que según los reponsables de Industria consultados por Servimedia no altera los planes financieros de la SEPI.

Esta sociedad, que controla el 100% de Teneo y el 21% de Repsol, cuenta con un plan financiero para reducir en cuatro años la deuda de 600.000 millones recibida del INI tras su disolución, y a ello debían contribuir los ingresos obtenidos por beneficios de la petrolera en los próximos ejercicios.

Los responsables de Industria aseguran que el destino del dinero obtenido con la privatización de Repsol no iene por qué alterar este plan financiero, ya que bastaría con una demora de varios meses en el pago al Tesoro Público de los ingresos para obtener una rentabilidad similar a los dividendos que se habrían generado sin la venta de acciones por el Estado.