Urquijo explicó ante la comisión la actuación del Ejecutivo vasco respecto de las vícimas, que se centra en la atención a los afectados, el seguimiento de los acuerdos contenidos en la proposición no de ley aprobada en el Parlamento vasco en junio y las iniciativas sobre "violencia y persecución".

Los responsables del Gobierno vasco han trasladado a los grupos la necesidad de que los trabajos en esta materia se acometan desde "una premisa de consenso" y con el objetivo de "sacar este tema de la confrontación partidista y de la polémica", de manera que se pueda crear una burbuja en la ue se trabaje pese a la situación de tensión que vive la política vasca.

Indicó que este fue el "espíritu" que presidió la comisión de víctimas en el Parlamento vasco y "nos hemos encontrado con la agradable sorpresa de que es también el espíritu que preside los trabajos de esta subcomisión", por lo que aventuró que, "si se sigue desarrollando ese esfuerzo de consenso, podremos avanzar notablemente".

En la sesión de hoy también intervino el asesor legal de la Asociación Catalana de OrganizacionesTerroristas, José María Fuster, quien explicó, tras comparecer en el Congreso, que las reformas legislativas que quedan por abordar para mejorar la situación de las víctimas "son puntuales" porque en los últimos tiempos "se ha mejorado muchísimo".

Se trata de aspectos determinados relativos a la pérdida de la vivienda en caso de atentado, o becas y beneficios para los hijos y las parejas de hecho de las víctimas. Además, esta organización abogó por estimular el asociacionismo entre las víctimas y un tatamiento más cercano de los familiares.

En este sentido, la Asociación catalana piensa presentar iniciativas concretas para su aprobación en el Parlamento catalán y en el español. Por su parte, el presidente de la organización, Roberto Manrique, señaló que las víctimas de organizaciones terroristas nunca se han tomado la justicia por su mano, lo que demuestra su voluntad de acabar con la violencia a través del diálogo.

Manrique criticó que haya "víctimas de diferente categoría" ante la subcomisin parlamentaria y que, por ejemplo, se subvencione con más dinero fundaciones a nombre de una sola víctima, que otras en las que se engloban cientos de afectados. Reconoció que la subcomisión ha sido "muy receptiva" ante estas críticas y pidió mayor reconocimiento público para las víctimas de organizaciones terroristas.

EDUCACION PARA LA PAZ

La consejera de Bienestar Social de la Junta de Extremadura, Leonor Flores, que tenía previsto intervenir a última hora manifestó a su llegada la "sensibilidad"de su Gobierno hacia las víctimas del terrorismo y se mostró partidaria de una política de "mano tendida" que permita un acuerdo de todas las fuerzas políticas para encarar el problema del terrorismo. Esta política de consenso debería extenderse, a su juicio, a los partidos integrantes del Gobierno vasco.

Flores explicó que el Ejecutivo extremeño tiene sus "propias políticas" de apoyo a las víctimas del terrorismo que retornan a Extremadura, que encuentran garantías sociales, sanitarias, de vivienda yde empleo. Además, el Ejecutivo que dirige Juan Carlos Rodríguez Ibarra quiere impulsar la creación de una oficina que desarrolle planes de educación para la paz.

Todas estas medidas están pensadas en un principio para las víctimas del terrorismo que emigraron y ahora quieren retornar a Extremadura, pero se pueden extender a "todas aquellas personas que busquen un lugar para la paz y el descanso".

Para la consejera extremeña, la presentación del "Plan Ibarretxe" está "complicando bastante" la sitación en el País Vasco y está produciendo una "máxima fracción", "saltándose a la torera los principios constitucionales básicos" y dificultando un pacto amplio de todos los partidos.