La ministra de Justicia, Pilar Llop, expuso en la rueda de prensa posterior al Consejo el llamado anteproyecto de ley que regula la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y lucha contra la corrupción, que traspone la Directiva 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión Europea.

Llop contrastó que la corrupción es “una de las mayores preocupaciones de la ciudadanía” con el hecho de que hay “un número muy bajo de condenas”, y se conjuró para proteger a las personas que informan de actuaciones de corrupción, fraude, violación de leyes o de normas de derecho interno.

Además, avanzó que se establecerá un canal externo en forma de autoridad independiente, y otro interno, y la prohibición, con sanciones “de hasta un millón de euros”, de “cualquier represalia contra las personas informantes”, porque “el Estado tiene la obligación de proteger a estas personas”. Máxime cuando España perdió el año pasado dos puestos en el ránking de Transparencia Internacional. La ministra también confía en que el anteproyecto permitirá al país subir puetos en el índice de Percepción de la Corrupción de entidades internacionales, como GAFI o GRECO.

La ministra detalló que se permitirán denuncias anónimas, siguiendo la jurisprudencia de tribunales europeos y del Supremo; y auguró que se facilitará “un clima de confianza entre el informante y la administración”, aunque aclaró que este nuevo mecanismo “no sustituye las vías de denuncia existentes” y viene a sumarse a “todas las medidas antifraude de lucha contra la corrupción que venimos desarrollando en esta legislatura”.

DETALLES

Según explicaron desde el Ministerio, esta protección cubrirá las denuncias de actividades que provoquen cualquier quebranto económico contra la hacienda pública, así como otras infracciones que vulneran otros ámbitos, especialmente la protección del medio ambiente, la seguridad nuclear, la seguridad de los alimentos, protección de los consumidores, prevención del blanqueo de capitales, entre otros, tanto en el sector público como en el privado.

El anteproyecto regula los sistemas internos de información, probable cauce preferente dentro de la libertad del informante para elegir el canal a seguir según las circunstancias y los riesgos de represalias que considere. En todo caso, garantiza el respeto a la legislación específica para sectores como el financiero, de seguros, de auditoría, de competencia o de mercados de valores.

Se establece la obligación de disponer de canales internos de información tanto para empresas con más de 50 trabajadores como para las personas jurídicas del sector privado que tengan entre 50 y 249 trabajadores y que así lo decidan. Podrán compartir entre sí el sistema interno de información y los recursos destinados a la gestión y tramitación de las comunicaciones, tanto si la gestión del sistema se lleva a cabo por la propia entidad como si se ha externalizado. Igualmente, estarán obligados a contar con un sistema interno de información todos los partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, así como las fundaciones que dependan de estos, siempre que gestionen fondos públicos.

En el sector público, tendrán que contar con un sistema interno de información las administraciones públicas, las universidades, las sociedades y fundaciones que integran el sector público, las corporaciones públicas y todos los órganos constitucionales, entre otros. Del mismo modo, los municipios cuya población no supere los 10.000 habitantes podrán compartir medios para la recepción de informaciones, entre sí o con entidades supramunicipales de la misma comunidad autónoma, aunque cada uno tenga un responsable de su sistema.