En un comunicado, Reporteros sin Fronteras señaló que esa reforma es necesaria para acabar con la situación creada por la normativa civil que entró en vigor en enero de 2001, en virtud de la cual los periodisas son obligados a pagar inmediatamente las multas fijadas en sentencias por difamación, sin esperar a que se resuelvan los recursos de apelación.

Eso, según la citada organización, pone en peligro la supervivencia económica de algunos medios, y podría desembocar en una autocensura generalizada.

MEDIOS AFECTADOS

El semanario cántabro La Realidad cerró la redacción el 28 de diciembre de 2001, como consecuencia de la condena a una multa de cerca de 160.000 euros, por difamación. Asimismo, el 21 d enero de 2003, la revista El Siglo fue condenada a pagar una multa de 120.202 euros por el mismo motivo.

En febrero, el periódico digital Canoa-Diariodirecto y Telemadrid fueron condenados a 120.000 y 500.000 euros de multa, respectivamente. El 10 de septiembre se embargaron las cuentas bancarias de Canoa-Diariodirecto y de su director, Fernando Jáuregui, por una cantidad superior a 35.000 euros. El periódico digital ha apelado la sentencia.