Cañamero, en declaraciones a Servimedia, lamentó que las fuerzas políticas, los sindicatos y los agricultores hayan mandado rectificaciones al Gobierno, sin que éste, a modo de "represalia", haya admitido alguna de las propuestas.

Asimismo, según Cañamero, "solamente han tenido en consideración la petición del SOC que consistía en que, a partir de ahora, las jornadas de campo que se trabajen en el extranjero cuenten".

"El Gobierno ha mostrado una ctitud discriminatoria y contraria a los intereses de los trabajadores. Además, las rectificaciones no han sido por convencimiento del Gobierno sino por la presión social que hemos creado en los últimos diez meses", añadió el dirigente sindical.

El decreto mantiene la exigencia de vivir 10 años en Extremadura y Andalucía para poder cobrar la renta agraria, con el objetivo de evitar cualquier tipo de fraude, principalmente entre la población inmigrante.

Sin embargo, "existen 40.000 inmigrantes cenados de los que sólo cobran 2.700 y de los que 2.200 están en Almería. Lo que representa un insignificante porcentaje y que no supone ningún peligro de desbordamiento en el censo de la población".

Por este motivo, para el secretario general del SOC, con esta normativa se pretende "echar a la gente a la calle para conseguir un ahorro económico". A su juicio, "no existe ninguna razón" para tomar estas decisiones.

Finalmente, Cañamero aseguró que mañana se celebrará una reunión del Comité Nacional dl SOC, donde se analizará la situación del campo español y las posibles medidas de presión que se puedan tomar.