En declaraciones a Servimedia, López Garrido se refirió a la posibilidad de que el Ejecutivo popular, ya cesado, designe a los que serán sustitutos de Manuel Jiménez de Parga y Tomás Salvador Vives Antón para los próximos nueve año, lo que considera "una barbaridad desde el punto de vista de la legalidad y de la legitimidad".

"El Gobierno en funciones sabe que lo que quiere hacer es ilegal e inconstitucional, porque ahora sólo puede despachar asuntos corrientes o administrativos, y no tomar decisiones de fondo en temas de tanta relevancia salvo que sea imprescindible, irremediable y urgente", advirtió.

Para López Garrido, el Ejecutivo popular podría incurrir en un delito de "prevaricación", dictar resoluciones injustas a sbiendas, al dejar una "herencia en el Constitucional de magistrados nombrados por su orientación política que le permitirá tener un pie en este tribunal durante los próximos nueve años".

A su juicio, el PP es consciente de esta irregularidad, y éste es el motivo por el que ha solicitado un informe "instrumental e innecesario para lavarse esa posible prevaricación, presionar a la Abogacía del Estado" para legitimar esta decisión, lo que supone una "utilización inaceptable del aparato del Estado al servcio de intereses exclusivamente de partido".

Insistió en que se trata de "una violación de la legitimidad democrática y política para adoptar decisiones de fondo, porque ha perdido las elecciones", por lo que si lo hace sería "absolutamente inaceptable. Espero que no se le ocurra semejante barbaridad, porque sería la culminación de los disparates que ha ido haciendo en las últimas semanas".