López, en una entrevista concedida a Servimedia, recordó que ambas decisiones "están sometidas a plazo" e indicó que su institución debe nombrar a los nuevos magistrados dentro de las fechas establecidas.

El portavoz del CGPJ hacía referencia así al hecho de que el próximo 8 de abril termina el mandato de cuatro magistrados del Constitucional, momento a partir del cual el Ejecutivo y el máximo órgano de gobierno de los jueces deberán decidir quiénes son sus sustitutos.

El Gobierno en funciones que preside José María Aznar ha encargado a la Abogacía del Estado un informe sobre la legalidad de realizar en estos momentos los dos nombramientos que le corresponden, teniendo en cuenta que el próximo mes asumirá el poder el PSOE.

"PRUDENCIA"

Enrique López apuntó que el encargar este informe es "una medida de prudencia", al tiempo que rechazó pronunciarse sobre la conveniencia de que un Ejecutivo saliente haga estos nombramientos.

"Vamos a esperar acontecimientos,ver qué es lo que decide el Gobierno", señaló este portavoz, quien añadió que el CGPJ "debe centrarse en su obligación, que es precisamente la elección de otros dos magistrados del Constitucional".

Por otra parte, López opinó que el caso de la renovación de los miembros de este tribunal es distinto del nombramiento, también pendiente, de un número importante de fiscales jefe, decisión que una asociación de este colectivo ha pedido que se retrase hasta la toma de posesión del Ejecutivo de José Luis Roríguez Zapatero.

En este sentido, el represente del CGPJ manifestó que hay que distinguir el caso del Constitucional de éste, ya que el Consejo Fiscal, que debe designar a los fiscales jefe, "sobrevive en su actual composición" al Gabinete de Aznar, algo que distingue estos nombramientos de la designación de los magistrados.