El objetivo de la convención es la prevención de las desapariciones forzadas, la lucha contra la impunidad en lo que respecta al delito de desaparición forzada y garantizar el derecho de las víctimas de desapariciones forzadas a la justicia y a la reparación.

Entre otros extremos, la convención reconoce que, en ciertas circunstancias, las desapariciones forzadas pueden ser consideradas crímenes contra la Humanidad y, en consecuencia, estar sujetas a persecución penal internacional.

Establece un importante conjunto de obligaciones legales de prevención, como la prohibición de las detenciones secretas, la privación de la libertad sólo en lugares oficialmente reconocidos y supervisados que cuenten con un detallado registro de los detenidos y los derechos no derogables de habeas corpus y de obtener información sobre los detenidos.

Establece también el derecho a la justicia de los familiares de los desaparecidos, que debe ser garantizado por la incorporación de la figura de la desaparición forzada al Código Penal interno, y contempla el derecho a la reparación para las víctimas y sus familiares.

Incluye también disposiciones relativas a la responsabilidad penal de subalternos y superiores, a las medidas de prevención nacionales e internacionales, la extradición y la cooperación internacional.

Asimismo, establece un órgano de vigilancia independiente, el Comité contra las Desapariciones Forzadas, que, además de sus funciones de vigilancia, cuenta con un procedimiento humanitario urgente, la facultad de llevar a cabo averiguaciones en el terreno y la posibilidad de llevar ante la Asamblea General de la ONU situaciones en las que se practiquen desapariciones forzadas de forma generalizada y sistemática.