"Es aberrante evaluar una creencia religiosa y que además forme parte del expediente académico, condicionando incluso el acceso a la universidad", declaró a Servimedia Miriam Municio, secretaria general del Sindicato de Estudiantes.

En su opinión, la medida adoptada por el Gobierno supone un retroceso histórico de 25 años. La dirigente sindical insstió en que la religión es una opción privada que debería quedar fuera del sistema académico en un Estado aconfesional.

"Defendemos una educación científica y laica, al margen de la fe o las creencias personales. El dinero público no se debe invertir para impartir adoctrinamiento", añadió la secretaria general del SE.