Estas organizaciones presentaron hoy, en rueda de prensa, el "Manifiesto por una enseñanza laica" que aprobaron el pasado viernes en la Plataforma Estatal de Defensa de la Escuela Pública.

La plataforma la integran los sindicatos CCOO, UGT, STES y Movimientos de Renovación Pedagógica, la conederación laica de padres CEAPA y el Sindicato de Estudiantes.

El manifiesto rechaza la nueva asignatura alternativa que quiere crear el Gobierno, denominada de "Valores cívicos", y se opone a que tanto esta asignatura como la Religión pasen a ser evaluables y cuenten para la nota media como cualquier asignatura básica.

Las organizaciones firmantes sostienen que la Religión debe enseñarse fuera de las aulas y los valores cívicos han de impartirse de manera transversal en todas las asignaturas.

A su juicio, el borrador de decreto filtrado "subvierte la aconfesionalidad del Estado" y sólo responde a los intereses de la Conferencia Episcopal, que no quiere acatar las diferentes sentencias dictadas por el Tribunal Supremo.

AUTENTICO ROSTRO

La plataforma está segura de que el decreto no es un borrador más y el PP intentará sacarlo adelante, en ésta o en la próxima legislatura.

Por eso, ahora va a iniciar una recogida de firmas ciudadanas, así como adhesiones al manifiesto por parte de prsonas de reconocido prestigio en el mundo educativo y del mundo religioso "que sabemos que no comparten este decreto", anunció Fernanzo Lezcano, secretario general de Enseñanza de CCO0.

Pero si el ministerio persiste en su actitud, añadió Lezcano, "no nos vamos a limitar a una declaración estética con este manifiesto". "Tenemos una decidida voluntad de dar la batalla hasta el último momento, y si el ministerio insiste estará abriendo la guerra religiosa en las escuelas".

Este dirigente sindical eveló que altos cargos del ministerio le habían garantizado que el decreto sería aprobado después de las elecciones catalanas y antes de la disolución de las Cortes. "Es absolutamente falso que esto sea un borrador más", subrayó.

Para Carlos Ladrón de Guevara, presidente de CEAPA, las organizaciones educativas progresistas no piensan consentir que este proyecto elaborado por el Gobierno vea la luz.

A su entender, es un decreto "recurrible" ante el Supremo y el Constitucional porque crea diferencis entre alumnos sólo con el objetivo de "satisfacer los intereses de la Conferencia Episcopal".

Según José Manuel Campos, de UGT, el decreto "desvela el auténtico rostro" del Gobierno, que en el tramo final de la legislatura quiere contentar a los sectores conservadores que le respaldan.

Por el Sindicato de Estudiantes, Juan Manuel Municio, dijo que el decreto es una prueba más de que el Ministerio de Educación ha primado durante toda la legislatura a la patronal de la enseñanza concertada y a lajerarquía eclesiástica.

Pilar Catalán, de STEs, reprochó al Ejecutivo que haga oídos sordos a las sentencias del Supremo, que han dejado claro que la alternativa a la Religión no puede ser evaluable.