Gracias a este acuerdo, que ha quedado recogido en una enmienda transaccional que modifica el proyecto de Ley de Protección de los Consumidores y Usuarios frente a Situaciones de Vulnerabilidad Social y Económica, la PMP manifestó que ha logrado dar un “importante paso adelante” en sus demandas, las cuales han ido trasladando a diferentes representantes políticos, incluidos los del Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Popular.

La principal reivindicación de la PMP es la “urgente necesidad” de un nuevo marco normativo que proteja adecuadamente los derechos de las personas mayores respecto al acceso a los servicios bancarios, y que conlleve que el servicio de banca física sea considerado un servicio esencial y de carácter universal hasta su transición a la banca digital.

Esta demanda de la PMP se ha visto reflejada en una moción adicional firmada por unanimidad por todos los grupos parlamentarios y que se tramitará en el Congreso de los Diputados el jueves de la semana próxima. En dicha moción, el Senado “insta al Gobierno a impulsar el humanismo en la prestación de servicios financieros ante la reducción del número de oficinas bancarias”.

No obstante, aunque la Plataforma considere que este nuevo avance en la tramitación de una nueva ley “es importante”, manifestó que continuarán reuniéndose con representantes políticos e instituciones para que se haga realidad “lo antes posible” y para conseguir que todas las medidas tomadas sean evaluadas durante su proceso de implantación, realizando un seguimiento para su real efectividad.

Para la PMP, no solo se trata de que exista un protocolo estratégico para reforzar el compromiso social y sostenible de la banca, sino que se requieren actuaciones concretas reguladas a través de ese nuevo marco legal, el cual debe obligar a las entidades a mejorar la atención de las personas mayores, al mismo tiempo que contemplar un cuadro de infracciones y de posibles sanciones ante el incumplimiento de lo establecido en la nueva norma.