Según este mecanismo, cada ciudadano dispondría de una cuota tope de consumo individual materializada en una tarjeta de pago.

Dicha tarjeta tendría una validez de un año y contabilizaría el consumo de carbono por unidades, cada una de las cuales equivaldría a un kilogramo de CO2.

De esta manera, el consumidor iría gastando puntos a medida que efectuara determinadas compras que impliquen el uso de CO2, como poner gasolina, comprar billetes de avión, o pagar la luz o el gas, entre otros.

El cálculo de las concesiones se basaría en un "presupuesto de C02" anual. Cada año, esta cantidad, convertida en unidades, se repartiría entre las organizaciones, como hospitales, industrias o colectividades, y entre los residentes del país.

Dado que el consumo energético no es equitativo entre los hogares, se crearía un sistema de compra y venta de puntos de derecho de emisión similar al ya existente para las industrias.