En un comunicado, el museo defiende que "la actuación de esta institución se ha desarrollado dentro de la más estricta legalidad desde el comienzo de las obras de ampliación, el 20 de diciembre de 2001".

Desde un principio, añade el escrito, se exigió a la empresa suministradora de la madera de jatoba, Maderas Besteiro, los certificados que acreditaran la lícita procedencia de la misma, certificados que fueron debidamente supervisados por la empresa adjudicataria de las obras, UTE DACARS, y por el propio museo.

Toda esta documentación, solicitada por Greenpeace, le fue remitida el 20 de septiembre de este año, como así reconoce la propia organización en su dossier informativo.

En consecuencia, la nota concluye que el Reina Sofía "ha actuado siempre con respeto a la legislación vigente dentro de su estricto ámbito de responsabilidades, como puede demostrar documentalmente".