Este real decreto regula también la participación de las administraciones eductivas en el gobierno y funcionamiento del nuevo Instituto, a través de un Consejo Rector y de la propia Conferencia de Consejeros de Educación.

El INCE tendrá, entre otras funciones, las de realizar la evaluación permanente del sistema educativo, elaborar un sistema estatal de indicadores de la educación, coordinar la participación española en evoluciones internacionales, asesorar a las administraciones educativas en materia de evaluación y difundir los resultados obtenidos en los estudios realizados. Para ello, el Instituto se configura como un organismo de carácter eminentemente técnico, dependiente del Ministerio de Educación y Ciencia, a través de la Secretaría de Estado de Educación, y que contará con un Comité Científico con función asesora.

La estructura organizativa del INCE será flexible y su actuación responderá a una concepción integrada del sistema de evaluación, según el Gobierno.

Tras la aprobación del real decreto que lo regula, está previsto que el nuevo Instituto comiencea desarrollar sus planes de actuación en el próximo curso escolar 1993-94.