De esa cifra, 133.600 trabajadores vieron suspendida temporalmente la relación de trabajo, 36.014 fueron despedidos o se acogieron a jubilaciones anticipadas, y 19.297 sufrieron una reducción de la jornada.

El 78 por ciento de los afectados estaban empleados en el ector industrial (148.751). El resto se repartió entre los servicios (25.226), la agricultura (13.573) y la construcción (1.361). Todos empeoraron su situación en relación a 1990, excepto la construcción, en donde los trabajadores sujetos a regulación disminuyeron en 1.862.

Las razones más frecuentemente alegadas para proceder a las reestructuraciones de plantillas fueron los problemas de tesorería o financiación, motivo que justificó 2.298 de los 6.980 expedientes aprobados.

Otras causas alegada con frecuencia fueron la restricción de la demanda, la fuerza mayor, la aplicación de medidas económicas, la puesta en marcha de planes de reconversión y la quiebra o suspensión de pagos.

EN MADRID SE TRIPLICARON

Las comunidades que registraron un mayor aumento en el número de trabajadores afectados por expedientes de regulación fueron el País Vasco y Madrid, en donde afectó a 40.812 y 31.052 personas, respectivamente.

Esto supone que en Madrid la cifra de afectados se multiplicó por tres en rlación a 1990, lo que refleja una evolución peor incluso que la de las regiones de la cornisa cantábrica, que absorbieron en conjunto al 40 por cien de los regulados.

La cifra de regulados fueron las siguientes: Galicia (13.383), Asturias (11.178), Cantabria (8.585), Cataluña (25.123), Aragón (5.242), Canarias (3.045), Baleares (1.232), Castilla La Mancha (2.779), Valencia (11.118), Extremadura (1.687), Murcia (2.840), Navarra (3.404), La Rioja (796), y Ceuta y Melilla (75).

Sólo en Castilla y Len y en Andalucía descendió el número de regulados, al situarse en 12.910 y 13.650 en cada caso, lo que supuso una reducción de 10.840 y 7.318 en relación al periodo enero-julio del año pasado.