Del total, 69.105 trabajadores se vieron afectados por expedientes de suspensón de empleo, 14.345 por expedientes de extinción de la relación laboral y 8.472 por expedientes de reducción de la jornada de trabajo.

De los afectados, 77.651 eran varones y 14.271 mujeres, lo que, en el caso de estas últimas, duplica la cifra del primer trimestre del 90.

Por sectores, más de dos tercios de los afectados estaban empleados en el industria (64.708), por delante de los servicios (17.637), el sector agrario (9.030), y la construcción (547).

Las causas más frecuentemente alegads para justificar alguno de los 3.218 expedientes autorizados fueron los problemas de tesorería (963 de ellos), la restricción de la demanda (715) y la fuerza mayor (618).

La comunidad autónoma con más trabajadores afectados por expedientes fue la del País Vasco (17.462), por delante de Madrid (15.853), Cataluña (10.357) y Andalucía (8.871).

A continuación figuraron Galicia (8.323), Cantabria (5.171), Valencia (5.111), Castilla y León (5.078), Asturias (4.854), Aragón (2.308), Canarias (1.737), Mrcia (1.728), Navarra (1.531), Castilla La Mancha (1.284), Extremadura (1.000), Baleares (831), La Rioja (384), y Ceuta y Melilla (39).