La regulación de empleo resulta así uno de los pocos indicadores negativos de la marcha de la economía, y rompe en el primer bimestre del año una tendencia continuada al descenso que se inició en 1994, tas la recesión del 93.

La gran mayoría de los expedientes aprobados por la autoridad laboral, una tercera parte de los cuales no fueron pactados previamente con los sindicatos, lo fueron de suspensión temporal de la actividad, situación en la que se vieron inmersos 44.561 trabajadores.

Otros 7.022 trabajadores fueron incluidos en expedientes de despido colectivo, la modalidad más drástica de regulación, y 1.202 en planes de reducción de la jornada habitual de trabajo. Del total de afectados, 47.13 eran hombres y 5.611 mujeres.

Por sectores, La regulación afectó sobre todo a la industria, concretamente a 45.642 trabajadores empleados en sus empresas, frente a 1.716 de la construcción, 3.794 de los servicios y 1.633 de la agricultura.

Un análisis más detallado por ramas de actividad muestra que casi uno de cada tres trabajadores regulados, 16.777, pertenecen a compañías del automóvil, que recurren habitualmente a esta medida para graduar sus plantillas de acuerdo con sus necesidades de proucción. También destacan la metalurgia (3.848) y las empresas de alimentación y bebidas (3.846).

Las causas más frecuentemente alegadas por las empresas al presentar los expedientes fueron la necesidad de aplicar medidas económicas extraordinarias, la fuerza mayor y la falta de contratos.

Por comunidades autónomas, Cataluña registró el mayor número de trabajadores regulados, 13.596, seguida del País Vasco, con 9.382; Andalucía, con 5.291; Madrid, con 4.374; Castilla y León, 3.717; Asturias, con 2744; Galicia, con 2.046; Navarra, 1.396; Aragón, 1.383; La Rioja, 1.209; Comunidad Valenciana, 989; Castilla La Mancha, 661; Murcia, 344; Canarias, 241; Extremadura, 218; Baleares, 158, y Ceuta y Melilla, 27.