De los empleados afectados por medidas de regulación, 152.708 fueron incluidos en expedientes de suspensión de empleo, 44.285 en expedientes de extinción de la relación laboral y 27.735 a expedientes de reducción de la jornada de trabajo.

El total de días de trabajo suspendidos en los expedientes fueron 16.581.752, lo que supone 109 días por trabajador, mientras qe las horas de reduccion de jornada fueron 10.896.374, es decir, 501 horas por trabajador.

La mayoría de los afectados fueron varones, un total de 186.185, frente a 32.543 mujeres. Por sectores, los empleados de la industria fueron los más afectados, con 170.762 trabajadores, seguido de los servicios (28.902), la agricultura (16.610) y la construcción (2.454 trabajadores).

En el sector industrial, las empresas más afectadas por las regulaciones fueron las metalúrgicas, donde alcanzó a 37.304 trabjadores, por delante de las compañías automovilísticas y de piezas de repuesto, con 25.407; y las de construcción naval y otro material de transporte, con 17.258.

Las causas más frecuentemente alegadas en la presentación de los 8.328 expedientes autorizados por la autoridad laboral fueron los problemas de tesorería o financiación (2.739 de ellos), la restricción de la demanda (2.113) y razones de fuerza mayor (1.086).

La comunidad autónoma con mayor número de trabajadores afectados por expediente fue el País Vasco, con 45.386, seguida de Madrid (33.305), Cataluña (31.030), Castilla y León (17.043), Galicia (15.676), Andalucía (15.057), Valencia (13.909), Asturias (12.841) y Cantabria (9.248 personas).

Por detrás se situaron Aragón (6.489), Canarias (4.204), Navarra (3.572), Castilla-La Mancha (3.169), Murcia (2.919), Extremadura (1.853), Baleares (1.620), La Rioja (1.294) y Ceuta y Melilla (113 trabajadores).

El número de trabajadores afectados por expedientes aumentó en todas las comuniades, salvo Andalucía, Castilla y León, en donde disminuyeron en 13.081 y 16.677 respectivamente.

En cifras absolutas, la peor evolución fue la de Madrid, en donde la regulación afectó al triple de trabajadores que en el mismo periodo del 90, pero el mayor problema se concentra en las cuatro comunidades de la cornisa cantábrica, en donde se localizan casi el 40 por cien de los regulados.