La ley que regula este registro, publicada hoy en el Boletín Oficial del Estado, establece que el Gobierno dispone de un plazo de seis meses desde su entrada en vigor para el desarrollo reglamentario de los preceptos que permitan el funcionamiento del Registro de seguros de vida.

Dado que la norma no entrará en vigor hasta el 15 de mayo próximo, el Registro no estará realmente en funcionamiento hasta el próximo mes de noviembre, un año después de la aprobación de la ley que regula su puesta en marcha.

El objetivo de este Registro es que los ciudadanos, a la muerte de un familiar, puedan conocer todos los seguros que tenía contratados y proceder a su cobro.

Se calcula que un 10% de los seguros de vida se pierden por el desconocimiento de sus beneficiarios de que tenían derecho a los mismos. La norma fue aprobada en el Congreso con el consenso de todos los grupos parlamentarios.

La gestión centralizada del listado se llevará en el Registro General de Actos de Ultima Voluntad de la Dirección General de los Registros y del Notariado, que tendrá la condición de responsable del fichero, en el que las aseguradoras estarán obligadas a depositar copias de los contratos.

Podrá tener acceso al registro cualquier persona interesada en obtener información acerca de si un fallecido tenía contratado un seguro para caso de muerte y de la entidad aseguradora con la que esté suscrito.

El acceso sólo podrá realizarse una vez fallecido el asegurado, previa acreditación de tal circunstancia y siempre que haya transcurrido un mes desde la fecha de defunción. A tal efecto, se presentará el correspondiente certificado que acredite la muerte.

El plazo durante el que estarán disponibles los datos en el Registro será hasta que prescriban las acciones derivadas del contrato de seguro. Trascurrido este plazo de prescripción, los datos se eliminarán automáticamente.