Así lo dijo durante su comparecencia en la Comisión de Igualdad del Congreso, a petición propia, para informar sobre la aplicación de la Ley Orgánica de Representación Paritaria y Presencia equilibrada de mujeres y hombres y de la Ley para la Igualdad Real y Efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas Lgtbi (conocida como la Ley trans).

“5.900 historias cargadas de frustración y de dificultades que han visto cómo la ley aliviaba su sufrimiento y el de sus familiares y amigos”, destacó Redondo, quien criticó con esos datos “las noticias de dudosa fiabilidad” que apuntan a que los maltratadores usan la Ley trans para evitar o rebajar penas por violencia machista.

Durante los cuatro meses de media que suele durar el procedimiento, prosiguió, “los encargados del registro hacen bien su trabajo y cuando detectan irregularidades o sospechan la existencia de fraude o abuso del derecho deniegan la inscripción”, defendió, y “en el 99% de supuestos la normalidad y el buen uso de la ley es la tónica”. “Los titulares no se corresponden con la realidad”, protestó.

ADVERTENCIA

La ministra aprovechó su intervención para advertir a quienes abusen de la ley que “se van a encontrar con dos problemas: los delitos derivados de actitudes violentas y el fraude de ley, prohibido con carácter general en los artículos 6 y 7 del Código Civil”. “Ahí es donde debemos poner el foco: en el defraudador y en quienes le alientan, muchas veces organizaciones y entidades que rechazan la diversidad y que añoran los tiempos en que la ley de peligrosidad social o la ley de escándalo público estaban en vigor”, señaló.

En su opinión, la ley servirá “para eliminar la discriminación, el acoso y las actitudes de odio que aún hoy siguen sufriendo las personas lgtbi+ y para potenciar su visibilidad y participación social”. “Si hay fraude en la aplicación de esta ley se detecta, se denuncia y se interviene, como se hace con respecto a cualquier otra ley”, añadió.

La ministra concretó que la propia Ley Trans, en su artículo 46.3, establece que la rectificación de la mención registral relativa al sexo y en su caso el cambio de nombre no alterarán el régimen jurídico que con anterioridad a la inscripción del cambio registral fuera aplicable a la persona a los efectos de la ley orgánica 1/2004 de medidas de protección integral contra la violencia de género.

Es decir, que, “aunque el agresor pida el cambio de sexo no podrá evitar responder de los delitos de violencia de género previamente cometidos”. “El problema no es la ley. Son los machistas y los defraudadores”, concluyó.