Actualmente, una enmienda a la Ley de la Propiedad Horizontal del Grupo Catalán permite a estas personas realizar modificaciones en su vivienda, siempre que lo aproben los dos tercios de los propietarios.

El proyecto establece las condiciones necesarias que deberá reunir el interesado para poder realizar las modificaciones en su vivienda o local de trabajo que afecten a vía pública o partes del edificios comunes al resto de los propietarios.

El PP señala que deberá contar cn un certificado acreditativo de su minusvalía, una justificación de que la obra es necesaria para su movilidad y aportar un informe favorable de la autoridad administrativa.

El texto establece un plazo de 30 días para que el propietario, el usufructuario, el arrendador o la comunidad de propietarios presente su consentimiento u oposición "razonada" a la ejecución de las obras.

La propuesta popular deja en manos del juez la decisión de dictaminar sobre la viabilidad de las obras en caso de conflito. El interesado podrá acudir en defensa de su derecho a la Ley de Protección Jurisdiccional de los Derechos Fundamentales de la Persona, "sin perjuicio del recurso de amparo según prevé la disposición de la misma ley".

El proyecto de ley popular, basado en una propuesta de la Asociación de Parapléjicos y Grandes Minusválidos (Aspaym), pretende hacer efectivo el derecho fundamental de residencia y de circulación de las personas discapacitadas y establecer algunos límites del dominio sobre los inmuebls.

"Esta iniciativa", explicó la diputada popular, "no supondrá ningún gasto adicional para los Presupuestos Generales del Estado, ya que el interesado se hace cargo de la financiación de las obras, que podrán ser asumidas gracias a las ayudas para eliminación de barreras arquitectónicas de ayuntamientos y organismos oficiales".