Esta es una de las más de 40 propuestas que hay en la mesa de reforma de las pensiones, que el Gobierno quiere tener lista este mismo mes, según explicaron a Servimedia fuentes de la negociación.

En los casos en los que la pareja estuviera establecida como matrimonio será necesario que la viuda acredite dos años de convivencia con el fallecido.

Por su parte, cuando se trate de parejas de hecho, los requisitos exigidos serán mayores: se precisará constatación de convivencia "mutua, estable y notoria, durante un periodo amplio y con una dependencia económica del 75% de los ingresos del fallecido", frente al 50% de los matrimonios.

Sin embargo, estos requisitos no se aplicarán en los casos en los que la pareja, tanto matrimonios como uniones de hecho, acrediten que tienen hijos en común menores de 18 años o con alguna discapacidad.

PENSIÓN DIVORCIADOS

Como contrapartida, además de la ampliación a las parejas de hecho del derecho de pensión de viudedad, la reforma, aún sujeta a modificaciones, propone complementar la pensión del último cónyuge del fallecido para que éste reciba, por lo menos, el 50% de la pensión.

En la actualidad, en los casos de divorciados, la pensión de viudedad se distribuye entre cada uno de los cónyuges en función al tiempo de convivencia.

Tras la reforma, la última persona con la que el fallecido estuviera conviviendo recibirá, a través de un complemento de mínimos, al menos el 50% del importe total de la pensión, independientemente del tiempo transcurrido hasta la muerte del cónyuge.

Asimismo, la reforma ahora sobre la mesa propone mejorar la pensión de orfandad. Por un lado, apuesta por incrementar la cuantía de las pensiones para los huérfanos menores de 18 años con una minusvalía igual o superior al 65%.

Por otro, quiere mejorar estas pensiones en los casos de los hijos de una pareja de hecho en los que el superviviente no tenga acceso a la pensión de viudedad.

JUBILACIÓN

En cuanto a la jubilación, se apuesta por incrementar el tiempo mínimo de cotización necesario para acceder a la pensión, a cambio de mejorar las prestaciones a los prejubilados e incentivar el retraso de la retirada más allá de los 65 años.

La propuesta de reforma, una de las más de cuarenta que hay sobre la mesa, supone aumentar los 4.700 días de cotización efectiva exigidos en la actualidad a 5.475 días.

Esta modificación haría que el mínimo necesario para la pensión sea de 15 años efectivamente cotizados. En la actualidad también son 15 años pero se contabilizan los meses de pagas extraordinarias, lo que, en la práctica, supone acceder a la pensión con unos 13 años trabajados.

No obstante, la implantación de esta medida sería paulatina, de forma que cada seis meses desde la entrada en vigor de la ley, el límite se ampliaría en 77 días, con lo que en cinco se alcancarían los 5.475 días.

PREJUBILADOS

Por otro lado, se apuesta por reducir el coeficiente de reducción que aplican los trabajadores que se jubilan antes de cumplir los 65 años en 0,5 puntos porcentuales (8% ahora), con lo que quedaría en el 7,5%.

Asimismo, para fomentar el retraso voluntario de la edad real de jubilación, el Gobierno propone mejorar la pensión en un 2% adicional cada año que el trabajador se mantenga en activo una vez cumplidos los 65. Esta mejora permitiría a los pensionistas incluso superar la pensión máxima.

Las propuestas que ahora tienen sobre la mesa Gobierno, patronal y sindicatos recogen también las recomendaciones del Pacto de Toledo sobre la simplificación de los regímenes de la Seguridad Social, con el objetivo de que en el futuro, más allá de esta reforma, sólo existan el Régimen General y el Especial de Trabajadores Autónomos.