Las sentencias relativas a despidos, en las que los tribunales fallaron la improcedencia de las rescisiones de contratos aplicadas por las empresas, establecieron unas indemnizaciones totales de 35.330 millones de pesetas.

Otros conflictos individuales, como las reclamaciones por el impago de salarios o el retraso en su abono, dieron lugar a indemnizaciones por 40.216 millones de pesetas.

El tercer y último capítulo de indemnizaciones judiciale del ámbito laboral, referido al incumplimiento de la normativa de Seguridad Social, acarreó el pago por parte de las empresas de otros 2.049 millones.

Todas estas cifras, según el Ministerio de Trabajo, deben considerarse como de mínimos, ya que en los cuestionarios estadísticos de los Juzgados de lo Social con los que se recaba esta información a menudo queda en blanco la información sobre los importes de las indemnizaciones fijadas.