Votó en contra de estos dos decretos IU, salvo los 3 diputados del Partido Democrático de Nueva Izquierda, que se ausentaronde la Cámara, y los dos diputados de Iniciativa per Catalunya, que los apoyaron. También votaron en contra, dentro del Grupo Mixto, los dos diputados del Bloque Nacionalista Galego (BNG), mientras se abstuvo el diputado de Eusko Alkartasuna (EA).

La reforma laboral y el nuevo sistema de incentivos a la contratación se aprobó en el Parlamento con los votos a favor de los diputados del PP, PSOE, CiU, PNV, Coalición Canaria, Unió Valenciana y los dos diputados de Iniciativa per Catalunya (IC).

El plno del Congreso de los Diputados aprobó también por mayoría tramitar con posterioridad estos dos decretos ley que regulan la reforma laboral y los incentivos a la contratación como proyectos de ley, compromiso que había adquirido el Gobierno.

En su intervención para defender el decreto ley sobre la reforma laboral, el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Javier Arenas, destacó el valor económico, social y político del acuerdo alcanzado entre empresarios y sindicatos, y reconoció el "coraje" de los gentes sociales para lograr este acuerdo, aunque también el de los que se oponen a él.

Arenas apuntó que España necesitaba este acuerdo para dar solución a la realidad laboral actual que vive el país, marcada por una tasa de paro del 21,5%, según la Encuesta de Población Activa (EPA), y una tasa de temporalidad en los contratos del 34%. Destacó, además, que el 70% de los contratos que se hacen en la actualidad duran menos de 3 meses y el 50% menos de un mes.

El ministro describió las novedades prncipales de la reforma laboral, en especial el nuevo contrato fijo y la reforma del artículo 52.c, que trata del despido por causas objetivas, del Estatuto de los Trabajadores, y aseguró que redundará en beneficio del empleo y de su calidad, y que será "una gran oportunidad" para los colectivos con dificultades para acceder a un puesto de trabajo.

Por su parte, Pedro Vaquero, de IU, explicó que su grupo se opone a la convalidación de la reforma porque no conseguirá los objetivos de mayor creación de epleo y de mayor calidad, sino que, por el contrario, supondrá "más flexibilidad y recortes de los derechos sociales".

Vaquero, que reconoció que esta reforma arregla parte del desaguisado creado por la reforma del 94 en materia de contrataciones, indicó que los acuerdos entre los agentes sociales suponen el abaratamiento del despido y no llevarán a una menor utilización de la contratación temporal. Anunció que su grupo solicitará la no retroactividad de la modificación del artículo 52.c.

En térmios similares se manifestó Guillermo Vázquez, del Bloque Nacionalista Galego, quien se mostró contrario a la reforma porque en definitiva lo que plantea es el abaratamiento del despido y "no servirá para aumentar el empleo, ni reducir la temporalidad, ni resolver los problemas de las pequeñas y medianas empresas". Para resolver el problema del paro, reclamó un cambio de la actual política económica del Gobierno.

Begoña Lasagabaster, de Eusko Alkartasuna, basó la abstención de su partido en que no compaten "la euforia existente" y tienen dudas de que esta reforma sea suficiente para lograr el objetivo de la estabilidad en el empleo. Criticó que no hayan participado en las negociaciones los sindicatos nacionalistas y rechazó la tendencia a centralizar la negociación colectiva que supone la reforma.

BENEFICIOS EMPRESARIALES

El resto de los grupos parlamentarios votó a favor de la reforma, porque consideran que contribuirá a mejorar la estabilidad en el empleo. José Antonio Griñán, del PSOE, apuntó qe hubiese sido "más correcto" tramitar la reforma como proyecto de ley, pero dijo que su grupo apoya el decreto porque traduce "correctísimamente" los acuerdos alcanzados entre los agentes sociales.

Griñán manifestó que para crear empleo es necesario, además, un crecimiento económico sostenido y que las ganancias de competitividad de las empresas no se destinen sólo a beneficios para los empresarios, a quienes recordó que ya no tienen excusas para crear empleo estable.

Carlos Campuzano, de CiU, aeguró que el acuerdo sobre la reforma laboral es el pacto más importante desde los Pactos de la Moncloa, y dijo que esta reforma "consolida la del 94, que no ha sido aprovechado por los agentes sociales". Sin embargo, mostró su rechazo al intento de centralizar la negociación colectiva y advirtió que se opondrá a ello cuando se concrete.

También María Jesús Aguirre, del PNV, se opuso a la centralización de la negociación de los convenios y defendió un marco autonómico de negociación colectiva. Pese a ue su partido apoyó la convalidación, dejó claro que la reforma tiene "importantes sombras", como la anteriormente citada, por lo que anunció que su grupo presentará enmiendas en la tramitación como proyecto de ley de la reforma.

José María Chiquillo, de Unió Valenciana, indicó que, "aunque todo es mejorable, la oportunidad que hoy se nos da nos la podemos dejar pasar", mientras que Paulino Rivero, de Coalición Canaria, mostró su confianza en que con esta reforma se alcancen los objetivos perseguidos. El portavoz de Política Social del PP, Rafael Hernando, dedicó elogios al acuerdo alcanzado por los agentes sociales, a los que felicitó, y expresó su deseo de que "aquellos que han profetizado el fracaso de estas normas, acaben equivocándose". Se mostró seguro de que la reforma mejorará la calidad y cantidad de empleo y dijo que con ella "se abre una nueva esperanza para los españoles, especialmente para los jóvenes".

DECRETO DE INCENTIVOS

Tras la convalidación del decreto ley sobre la reformadel mercado de trabajo, el debate del pleno del Congreso se centró en el decreto ley sobre incentivos a la contratación indefinida, que también fue convalidado por mayoría. El ministro Arenas reiteró que el coste de estos incentivos será asumido por la Hacienda Pública y no perjudicará a los ingresos de la Seguridad Social ni del Inem.

Arenas, que explicó con detenimiento el sistema de nuevos incentivos, indicó que tendrá un coste de unos 100.000 millones anuales (casi la mitad este año, al ser menos eses) en los próximos tres años, y permitirá la transformación de unos 200.000 contratos temporales en fijos cada año, aunque aclaró que esto último no es un compromiso del Gobierno.

Según el ministro, los beneficiarios potenciales de estos incentivos son unos seis millones y medio de trabajadores (1.400.000 parados y unos 5 millones de empleados temporales), frente al millón de trabajadores que podían beneficiarse del cuadro anterior de incentivos.

Los diputados de IU, Pedro Vaquero, y del BNG, uillermo Vázquez, reiteraron su oposición al decreto de incentivos, porque indicaron que no se puede separar del decreto sobre la reforma laboral. Ambos expresaron sus dudas sobre la utilización correcta de los incentivos y su repercusión en el empleo, así como sobre la financiación de los mismos.

Vázquez, que manifestó su temor a que finalmente se recorten las prestaciones por desempleo para financiar los incentivos, aspecto que fue negado con rotundidad por Rafael Hernando (PP), dijo que estos incenivos sólo servirán para aflorar contratos temporales y convertirlos en fijos en los dos años que perciben incentivos, para después despedirles, porque a los empresarios les sale más barato.

Los representantes de Coalición Canaria, PNV, CiU, PSOE y PP, que tomaron el turno de palabra para apoyar al decreto ley, coincidieron en que los nuevos incentivos favorecerán la contratación indefinida.

Alejandro Cercas advirtió que el apoyo de su grupo no es "un cheque en blanco" al Gobierno, y aclaró que elPSOE respalda el decreto sobre incentivos porque el Ejecutivo se ha comprometido a que la financiación de los mismos no afectará negativamente a los ingresos de la Seguridad Social ni a las políticas activas de empleo del Inem. Aseguró que sin ese compromiso, el voto de los socialistas hubiese sido negativo.