Según datos facilitados por la Secretaría General de Comercio, con la nueva PAC los gastos agrícolas se situarán en 1997 en unos 38.800 millones de ecus (unos 5.40.000 millones de pesetas), mientras que con la actual se habrían elevado a 5.421.000 millones.

La Comisión Europea pretende que la reforma comience a introducirse gradualmente en 1993 y que sea totalmente operativa a partir de 1996.

El objetivo es doble: por un lado, frenar el coste presupuestario de la PAC y poner coto al aumento de los excedentes de productos alimenticios y, por otro, corregir los problemas de disminución de la renta agraria y la inestabilidad de los mercados.

La Comisió estima que esta reforma será beneficiosa para los agricultores, ya que les proporcionará una mayor estabilidad de sus ingresos, unos mercados internos e internacionales más equilibrados y una distribución más equitativa de las ayudas.

También lo será para los consumidores, al beneficiarse de precios más reducidos, y para el medio ambiente, al fomentar métodos de producción agraria menos intensivos.

Las líneas maestras de la reforma son la reducción de los precios, la aplicación de medidas de conrol de la oferta, y un mejor reparto de las ayudas entre los pequeños y medianos agricultores.

Como medidas de acompañamiento, la Comisión propone un programa acelerado para fomentar la repoblación forestal de las tierras agrarias y nuevas medidas para facilitar la jubilación anticipada.

DOS MILLONES DE ANCIANOS

El plan de jubilación anticipada podría beneficiar a buena parte de la población agraria española, cuya edad media es muy avanzada, así como a otros países de la CE, en donde hay un totl de dos millones de agricultores con más de 65 años y dos millones y medio con más de 55. De ellos, la mitad no tienen sucesores y dos tercios poseen explotaciones menores de 5 hectáreas.

La Comisión propone que los agricultores con más de 55 años puedan optar a un nuevo régimen de jubilación anticipada y que sus tierras sean utilizadas por sus sucesores o por otros agricultores para mejorar la explotación o para fines no agrarios.

Con ese fin, la cofinanciación comunitaria llegará hasta 10.000 cus por año (1,3 millones de pesetas, aproximadamente), compuesto de un elemento fijo de 4.000 ecus y otro variable de 250 ecus por hectárea.