El proyecto -en su parte francesa- lleva unos dos años parado por las protestas y recursos legales presentados por colectivos ecologistas ante los tribunales franceses, ya que el Gobierno galo siempre había alegado que no podía acometer las inversiones que requiere sin la seguridd de su viabilidad jurídica.

Sin que aún exista un pronunciamiento por parte del Gobierno español, REE se ha apresurado a destacar que el anuncio se ha hecho tres semanas después de que el Tribunal Administrativo de Apelación de Burdeos confirmase la legalidad del proyecto y su compatibilidad con el medio ambiente, en contra de la demanda presetada por colectivos ecologistas franceses.

Para REE, que tiene el monopolio del transporte y distribución de energía en España, la decisión del gobierno coservador de Juppé "conduce al aislamiento eléctrico de la Península Ibérica y limita la seguridad y capacidad de cobertura del sistema eléctrico español".

Red Eléctrica ha señalado que la decisión del Gobierno de Francia no tiene "ni justificaciones jurídicas, ni técnicas, ni económicas", al tiempo que considera una ligereza los argumentos esgrimidos por Juppé respecto a su impacto medioambiental. A su juicio, resultan insólitos para un país que tiene 50.000 kilómetros de líneas de muy alta tensión qu recorren todos los rincones de su geografía, "con una alta eficacia en términos medioambientales".

La compañía ha señalado que "confía en que Electricité de France (EDF) -su homóloga gala-, será capaz de desarrollar los argumentos técnicos, jurídicos y económicos necesarios para hacer reconsiderar la decisión del primer ministro francés".

De no ser así, los responsables de REE han expresado sus dudas de que EDF pueda mantener su "credibilidad internacional en el negocio de la electricidad y en cmplimiento de sus compromisos con terceros".

Además, REE ha mostrado su disposición a analizar con EDF la situación creada por la decisión de Juppé, al timepo que se reserva su derecho a defender sus intereses, que involucran otros de enorme importancia del Sistema Eléctrico Español, reflejados en los compromisos establecidos entre ambas empresas en julio de 1990 y enero de 1991.