A pesar de ello, y en virtud del Tratado de adhesión a la Unión Europea de Rumanía y Bulgaria, España ha impuestorestricciones a la libre circulación de trabajadores rumanos y búlgaros por cuenta ajena en los dos últimos años y podría hacerlo hasta un máximo de siete.

La Red Acoge argumenta para pedir la suspensión de la moratoria a estos ciudadanos europeos el hecho de que los rumanos o búlgaros que quieren trabajar por cuenta ajena en España se enfrentan a unos trámites burocráticos que, sin embargo, "no aportan nada al control de flujos migratorios de trabajadores como parece ser el propósito de la moratoria".

Esto se debe, explica, a que estas personas tienen derecho a residir en el país como cualquier ciudadano comunitario y no se les puede aplicar la situación nacional de empleo, por lo que el permiso de trabajo no se les podría denegar con el propósito de dar prioridad a los españoles en la obtención de un determinado puesto de trabajo.

De acuerdo con estas consideraciones anteriores, Red Acoge entiende que "la ampliación del plazo de moratoria que limita el pleno ejercicio del derecho de circulación de estos trabajadores por cuenta ajena, no estaría justificada".

Además, Red Acoge concluye que esa moratoria "supone una limitación exclusivamente burocrática, cuya repercusión en la práctica va a mantener a estos ciudadanos comunitarios en una segunda categoría, con todas y cada una de las obligaciones, pero con acceso restringido a algo fundamental para todos: el trabajo".