El Ejecutivo y sus socios parlamentarios tienen muy avanzado un acuerdo en torno al proyecto que el Gobierno presentará antes de que acabe este año y que será tramitado a lo largo de los primeros meses de 2006.

Las formaciones de izquierda quieren que los servicios sociales tengan la categoría de derechos universales, como la sanidad y la educación, un principio sobre el que también trabajan los agentes sociales.

El compromiso del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de sacar adelante esta ley llevó a crear en los Presupuestos de 2005 un fondo específico que entonces se dotó con 50 millones de euros, y que para 2006 se ha incrementado a 200 millones.

No obstante, fuentes parlamentarias indicaron a esta agencia que la cifra sigue siendo insuficiente, pese a que la presión de los otros grupos permitió aumentar la previsión inicial del Ejecutivo, que eran 100 millones, por lo que en 2007 el esfuerzo será muy superior.

Así, se prevé que la Administración central aporte en 2007 al sistema de atención a la dependencia unos 800 millones de euros, la misma cantidad que destinarán las comunidades autónomas, con lo que habría 1.600 millones de financiación pública.

A esta cifra se sumarían aproximadamente 400 millones de euros de aportaciones en función de la renta de los ciudadanos que accedan a servicios como residencias o centros de día, lo que sumaría un total de 2.000 millones, de acuerdo con las estimaciones de las mismas fuentes.

Estos recursos servirán para financiar la atención domiciliaria o en residencias, poner en marcha "centros piloto" de referencia para los beneficiarios y crear las unidades para valorar las necesidades de estos colectivos en función de su discapacidad y situación personal.