La resolución judicial, dictada por el presidente del TSJC, Claudio Movilla, y que ha creado gran controversia en círculos jurídicos y políticos de la región, declara probda la existencia del delito del que se acusa al consejero de Economía, pero le exime de responsabilidad penal, al estimar que "ignoraba que actuaba ilícitamente".

Asimismo, la sentencia entendía como eximentes la escasa experiencia del procesado en la gestión de fondos públicos y la ausencia de indicaciones por parte de los funcionarios técnicos de la consejería a su cargo.

El fiscal jefe del TSJC, que con este recurso muestra su desacuerdo con la aplicación de la eximente de "error invencible" alicada por el alto tribunal cántabro, considera a Manuel Pérez culpable de malversación de fondos públicos y solicita que le sea impuesta la pena de tres meses de inhabilitación y 1,3 millones de pesetas de multa.

La denuncia contra el consejero de Economía y Hacienda del Gobierno cántabro fue presentada por las corporaciones municipales de Camargo y Corvera de Toranzo, a las cuales por orden de Pérez se les había retenido parte del dinero que debían recibir del Fondo de Cooperación Interregional.

El consejero señaló al tribunal que su única intención con esta acción era la de forzar a los ayuntamiento para que satifasciesen las deudas que mantienen con la diputación regional por diversos conceptos.

Hasta el momento el fiscal jefe del TSJC es la única parte que ha presentado recurso contra la sentencia, recurso que puede tardar al menos dos años en ser resuelto por el Tribunal Supremo.

Por su parte, el alcalde de Camargo, el socialista Angel Duque, ha anunciado su intención de no recurrir al haberse cumplido su principal objetivo con la resolución judicial: que se declarase ilegal la retención de estos fondos por parte de la Diputación Regional. Por su parte, la corporación de Corvera de Toranzo aún no se han pronunciado sobre su actuación a este respecto.