Según informó este miércoles este partido, el recurso pide dejar sin efecto el Real Decreto 933/2021 del Ministerio del Interior, que incluye esta base de datos de viajeros, que entró en funcionamiento este lunes.

La formación que preside Luis María Pardo incluye una solicitud de medidas cautelares para la suspensión del decreto, al considerar que su ejecución "supondría un perjuicio irreparable" para los derechos fundamentales de los ciudadanos.

La normativa, que entró en vigor el pasado 2 de diciembre, ha sido calificada por el partido como "una flagrante violación de los derechos fundamentales" reconocidos tanto en la Constitución Española como en la Carta Europea de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

"No todo vale en nombre de la seguridad. Estas medidas son desproporcionadas, vulneran la intimidad de las personas, el reglamento general de protección de datos y carecen de base jurídica suficiente", afirmó Pardo, quien se vio afectado personalmente por la aplicación del decreto.

NORMATIVA ESPAÑOLA Y DE LA UE

El recurso plantea la posible inconstitucionalidad del real decreto por contravenir los artículos 18 y 19 de la Constitución española y los artículos 7 y 8 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE.

La formación política anuncia que presentará cuestiones tanto al Tribunal Constitucional como al Tribunal de Justicia de la UE en fase procesal de demanda, debido a la "evidente incompatibilidad" de estas medidas con el Reglamento General de Protección de Datos.

Iustitia Europa advierte que estas medidas amenazan con dañar uno de los pilares fundamentales de la economía española: el turismo. La obligación de recopilar datos sensibles podría disuadir a turistas internacionales de visitar España.