Según un comunicado hecho público hoy, los rectores señalan que el nuevo modelo de Universidad debe garantizar un servicio público de la enseñanza superior y de la investigación para la sociedad del conocimiento, congruente con la construcción del espacio europeo, al que puedan acceder en igualdad de oportunidades todos los ciudadanos.

A juicio de los rectores, la nueva Ley de Universidades carecerá de capacidad transformadora real si no viene compañada de un marco de financiación adecuado y suficiente para asegurar la calidad, un marco que homologue la inversión pública española con la de los otros países europeos.

Los rectores consideran que sólo mediante un amplio consenso entre las distintas fuerzas políticas, universidades y agentes sociales podrá garantizarse la estabilidad que exige una política educativa y científica al servivcio del interés general y del progreso social y económico.