Así lo aseguraron los rectores tras reunirse en la Facultad de Educación de la UNED para abordar la implementación de la LOSU, cuestiones del ámbito de la internacionalización de las universidades y una actualización de sus estatutos para mejorar el desempeño de la asociación. La presidenta de Crue y rectora de la Universitat Jaume I, Eva Alcón, dirigió el encuentro, en el que participaron 67 rectores.

"Si bien se ha puesto en valor el hecho de que, por primera vez, una ley orgánica de universidades incluya en su articulado un objetivo de financiación pública mínima del 1% del PIB del conjunto del Estado, también se ha recordado que desde Crue se está reclamando constantemente al Ministerio de Universidades que detalle el compromiso concreto de las diferentes Administraciones con la financiación universitaria", remarcó Crue en un comunicado.

La asamblea defendió que "la asignación de recursos del Estado a las autonomías para prestar servicios de educación universitaria, bajo los principios de igualdad de oportunidades y de equidad, debe ser una prioridad". Además, puso de manifiesto que "nada impide" desplegar programas estatales de financiación al sector universitario "con objetivos específicos".

Los rectores subrayaron que el despliegue de la nueva ley de Universidades requiere la aprobación de normas legales de rango inferior, entre las que destaca el Estatuto del personal docente e investigador (PDI). Por otra parte, la aplicación de la LOSU ha puesto de manifiesto que la figura del profesor sustituto "no está bien definida y requiere una clarificación del régimen de incompatibilidades".

La asamblea abordó otros problemas económicos derivados de normativas estatales, como el retraso en la transferencia de los fondos a las comunidades autónomas para hacer frente a las indemnizaciones de los contratos predoctorales y de acceso al Sistema de Ciencia y la problemática de la gestión y el pago de las cuotas de la seguridad social del estudiantado que realiza prácticas en empresas o instituciones.