Según informó hoy la CRUE en un comunicado, ambas partes analzarán la tipología de ficheros más generales de los que puedan ser titulares las universidades, con el fin de establecer criterios comunes a todas ellas respecto de su calificación como titularidad pública o privada.

En relación con los ficheros que deban calificarse como titularidad pública, el protocolo prevé la elaboración de los borradores de anteproyecto de disposición general y lo elevarán, para su aprobación, a la administración pública competente.

El texto del acuerdo señala que serán objto de especial consideración la naturaleza de los censos electorales, los datos susceptibles de ser incluidos en ellos, el derecho de información de los miembros de la comunidad universitaria y las comunicaciones de datos a otras instituciones, organizaciones o entidades.