Los sindicatos rechazan las imutaciones de la dirección y señalan que tras la medida se esconde el deseo de la empresa de elevar la tensión del conflicto, generado por la autorización en el Ministerio de Trabajo de un expediente de despido que rechazan los trabajadores con un respaldo masivo a las protestas y a la huelga.

Ante esta situación, añaden las centrales, Alcatel ha optado por tomar decisiones que califican de antisindicales. Por ello han informado contra los expedientes, por considerarlos "infundados, arbitrarios y dirigdos a sancionar sin motivo a sindicalistas, por el hecho de ejercer sus derechos".

Los ocho representantes expedientados corresponden a la plantilla de Alcatel en la localidad madrileña de Torrejón de Ardoz, una de las factorías más afectadas por la reestructuración que se pretende llevar a cabo.