Javier Monzón, pesidente del Grupo Inisel, y Umberto Figarola, director de la División de Defensa, explicaron que esta empresa, con un 60% de capital público, tiene el 90% de sus empleados en la CAM, en su mayoría (65%) trabajadores muy cualificados en tecnología de la información (ingeniería informática).

La empresa está dividida en 4 áreas: Defensa (2.300 empleados), Sistemas Informaticos (2.000), Automatización y Control (600) y Espacio (120). En 1992 tuvo pérdidas económicas en el balance anual y "si no se produc una reestructuración se seguirán produciendo beneficios negativos", señaló Monzón.

Entre las medidas que piensa adoptar la empresa es la presentación del expediente de regulación de empleo, que afectará 1.000 personas, el 40% del total de la División de Defensa, trabajadores con contrato temporal fijo y eventuales.

En opinión de los directivos, si no se toman medidas urgentes se pone en peligro la viabilidad del proyecto empresarial, con problemas por el fin de la "guerra fría" y la crisis econóica internacional, con la consiguiente reducción de los presupuestos de Defensa, por parte de los gobiernos.

"En la actualidad, tenemos una cartera de pedidos, en el área de Defensa, de unos 38.000 millones de pesetas y el año pasado por estas fechas teníamos unos 90.000 millones", explicó Figarola.

La parte social dijo que le parece exagerado la inclusión de 1.000 personas en el expediente de regulación, ya que lo justo sería ofrecer voluntariamente a unos 500 trabajadores bajas incentivadas o pr jubilación.

Pedro Santiago, de CCOO, señaló que han acudido a la Asamblea de Madrid para intentar conseguir vías alternativas como solución de la reducción presupuestaria de Defensa.

Otra solución sería que la CAM ayudase en la formación y reciclaje de algunos trabajadores hacia proyectos civiles. Mientras están a la espera de que INISEL aplique ya las medidas reguladoras, el comité intercentros ha convocado el jueves una concentración de protesta ante la sede del Ministerio de Defensa.

Teesa Nevado, diputada de IU, ofreció la intermediación de su grupo ante la CAM para intentar buscar soluciones a esta empresa, con la implicación de todas las partes (empresa, sindicatos, Defensa e INI).

La parlamentaria señaló asimismo que la aplicación de los planes de reestructuración debían ser graduales y a un plazo de 3 años, con el fin de encontrar salidas en actividades civiles a los posibles "regulados".

En esta misma línea, se pronunciaron los portavoces del PP y del PSOE, Manuel Cobo y uan Antonio Barrio de Penago, respectivamente.