En 2002, FUCI recibió un total de 3.554 denuncias de afectados que alegaban que sus derechos se veían vulnerados por parte de determinadas empresas proveedoras de bienes o servicios, frente a las 2.666 del 2001.

La mayoría de los casos se debe a facturaciones incorrectas en telefonía y comercios. Los problemas se multiplican porque los controles de las reclamaciones de facturas se dejan en manos de personas on falta de preparación o grado de conocimientos legales insuficiente, según la FUCI.

"Esto, unido a casos de errores en importes, nombres o apellidos mal escritos y la ya famosa frase de 'esto es lo que dice el ordenador' puede desvirtuar el auténtico sentido de la lucha contra la morosidad", añadió la entidad.

FUCI recordó que sólo se puede incluir a una persona en un registro de morosos tras comprobar que la deuda es cierta y después de haberle requerido previamente el pago. Si no se cumplen abos requisitos la inclusión es nula y genera en los usuarios el derecho a obtener una indemnización por los daños y perjuicios acreditados, así como por los daños morales derivados de esta lesión al derecho al honor. La organización anunció que si se producen errores pedirá al Ministerio de Sanidad y Consumo indemnizaciones.