Según indicó, esta sentencia estima de forma parcial los primeros recursos planteados por Maxi Mobility Spain (Cabify), al que siguieron decenas de peticiones masivas de VTC, de las cuales 25.000 fueron solo en Madrid.

A juicio del presidente de Antaxi, Julio Sanz, “esta sentencia es la constatación de que dichas empresas no buscan precisamente el equilibrio de la oferta ni tienen una visión responsable de la movilidad urbana, siendo su ánimo meramente extractivo”, ya que dijo que implicará retrotraer las actuaciones de tramitación de solicitudes a 2.000 licencias en la Comunidad de Madrid. Por este motivo, Sanz expresó que “los poderes públicos deben, ahora más que nunca, reaccionar y no renunciar a las facultades de regulación y obligaciones de supervisión que les otorga la ley”.

Tras el análisis de la sentencia, Antaxi subraýó, entre otros asuntos, que esta no exonera a las autoridades de su responsabilidad para imponer limitaciones cuantitativas si esto favorece al interés general. “Los poderes públicos pueden y deben realizar ese juicio previo con arreglo a los parámetros de sostenibilidad que promuevan en sus políticas de movilidad urbana”, destacó el presidente de la asociación.

Por último, añadió que el sector debe exigir “rigor y responsabilidad. Es patente que miles de VTC se pusieron en marcha sin cumplir los requisitos a los que están obligados. La administración debe aprender de sus errores pasados y no permitir situaciones incongruentes con la regulación y absurdas desde los objetivos medioambientales y de limitación de la congestión viaria”.