El PP se quedó sólo defendiendo su posición, que fue rechazada por todos los demás grupos, al igual que lo había sido antes la petición para que comparezca el vicepresidente segundo y ministro de Economía, Pedro Solbes.

En este debate se utilizaron argumentos muy similares a los empleados en el caso de la petición de comparecencia de Solbes, aunque los grupos habían decidido segregarlo.

El portavoz del PP, Vicente Martínez-Pujalte, aseguró que los ciudadanos no entienden "que los coaligados", en referencia al Gobierno y los grupos que le apoyan, "quieran tener el Parlamento callado".

Martínez-Pujalte denunció que las "presiones" obligaron a los técnicos de la CNE a redactar un segundo informe que "suavizaba considerablemente" las condiciones que habían sugerido para ejecutar la OPA en un primer texto, y que después cinco de los nueve consejeros suavizaron aún más esas condiciones.

Pero se hizo, aseguró, sin modificar el diagnóstico que desde el primer momento se había hecho sobre las consencuencias de la operación. "Es como si el diagnóstico fuera un cáncer y la receta una aspirina", sintetizó.

Se mostró además convencido de que Costa no se inhibió en la votación "porque la pusieron para que (la operación) saliera", y ello a pesar de que había incurrido, en su opinión, en un claro caso de incompatibilidad.

El portavoz de CiU, Jordi Vilajoana, acusó a Martínez-Pujalte de generar incertidumbre con argumentos falsos, porque Costa no incurrió en incompatibilidad.

Vilajoana explicó que Costa, en condición de secretaria de Industria de la Generalitat, fue consejera en dos empresas de capital netamente público, y dimitió en el momento en que fue nombrada presidenta de la CNE. Por tanto, "no ha habido conflicto de intereses ni de ética".

Esa tesis fue respaldada por la socialista Arantxa Mendizábal, que acusó al PP de "montar" la reunión de la Diputación Permanente con "cualquier tema" con el único objetivo de mantener la estrategia de la crispación.

El debate subió de temperatura cuando Martínez-Pujalte advirtió a CiU de que los catalanes están preocupados por la concentración de la prestación de servicios en una sola empresa "digamos semipública", con una mención expresa a los peajes de las autopistas.

"Lo que le preocupa al noventa por ciento de los catalanes", le respondió Vilajoana, es que una propuesta de reforma estatutaria que pretende, entre otras cosas, mejorar esas situaciones, sea tachada de "impresentable" por el PP.

Si los catalanes tienen que pagar peajes en numerosas autopistas, dijo en tono aún más duro, es porque en sus ocho años de gobierno el PP no ejecutó "ni una puñetera infraestructura" que resolviera esa carencia.