La diputada izquierdista María Jesús Aramburu, que defendió la proposición, señaló que en el expediente de segregación, aprobado por el Gobierno el pasado es de noviembre, se produjeron ciertos "vicios", puesto que falta información contable o la presentación de un plan estratégico sobre el futuro de la nueva filial, dedicada a la telefonía vocal.

Según ella, tras la intención de Telefónica de segregar este servicio tal vez se encuentra el objetivo de eludir los controles públicos en la prestación del mismo.

Aramburu fue apoyada por la diputada socialista Isabel Pozuelo, quien destacó que esta situación provoca indefensión e irregularidad a los traajadores, que no disponen de información sobre su futuro. En su opinión, tampoco se garantiza la continuidad en la prestación del servicio público.

Por su parte, el PP justificó su negativa con que Telefónica es una empresa totalmente privada, por lo que no se puede intervenir en un proceso de segregación que se ajusta a la ley.

Este grupo parlamentario defendió la postura de que la compañía está sometida a controles suficientes y de que es necesario avanzar en la liberalización de las telecomuniaciones, que repercute positivamente en el precio de las mismas y en la calidad del servicio.

Los portavoces parlamentarios recordaron que los sindicatos, en representación de los trabajadores de Telefónica, han presentado un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid para anular la segregación.