Una investigación de los populares, de la que se desprendía que las Cortes pagaron cerca de 190 millones de pesetas por los actos del Día de la Región, cuando el presupuesto inicial era de 68 millones, fue el origen de la denuncia.

La sala, en un auto hecho público hoy, considera que la denuncia "no contiene imputación conceta contra ninguna persona aforada", y por lo tanto no es competencia de dicha sala.

Los 19 diputados regionales del PP interpusieron el año pasado ante dicho tribunal una denuncia por los presuntos delitos de prevaricación, malversación y fraude cometidos por el presidente de la Cámara, José María Barrera; el secretario primero, Mario Mansilla, y el interventor, Federico Diego Espuny.

El PP afirmaba en su denuncia que entre abril y julio de 1992 se realizaron 10 pagos a la empresa Criteria, contatada para organizar los eventos, por valor de alrededor de 175 millones de pesetas, sin contar con la aprobación de la Mesa.

Además, siempre según la denuncia de los populares, posteriormente se efectuó otro pago a esta empresa por valor de unos 16 millones de pesetas, tampoco conocido por la Mesa, con lo que se completaban alrededor de 190 millones.

El presidente de las Cortes regionales, José María Barrera, señaló tras conocer la decisión del tribunal que "esto demuestra que el PP sólo pretend descalificar a su adversario político por la vía penal y lanzar una cortina de humo sobre los 200 millones de pesetas no justificados por su grupo en la Cámara".

Para Barrera, esto pone de manifiesto una vez más, desgraciadamente, que "el PP confunde la actuación política legítima con una judicialización permanente de la actividad política".