Dicho proyecto de ley pretende introducir en la legislación española las medidas que contra el tráfico ilícito de estupefacientes contiene la convención de Viena de 1988, de la que España forma parte, y que contemplan un incremento de las penas contra los narcotraficantes y tipifica por primera vez l blanqueo del dinero procedente de esa actividad ilícita.

Respecto a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, será modificada para incluir en ella los conceptos de circulación o entrega vigilada de sustancias estupefacientes para las investigaciones policiales contra el tráfico de drogas, que deberán ser autorizadas por el juez de instrucción, ministerio fiscal y los mandos de la policía judicial.

Por su parte, en su texto alternativo, el PP introdujo como novedad al proyecto del Gobierno sancionar co pena de arresto mayor al que cultive, adquiera o posea estupefacientes para su consumo personal así como que los beneficios penitenciarios que puedan suponer acortamiento de la condena y el cómputo de tiempo para la libertad condicional se refieran siempre a la totalidad de las penas impuestas por estos delitos.

A juicio del ministro de Justicia, Tomás de la Quadra, que estuvo presente en el debate en el Congreso, la enmienda a la totalidad del partido conservador no introduce novedades, por lo que idicó que su finalidad es dilatar el cumplimiento del convenio.

Esa opinión fue compartida por el represetante del Grupo Socialista, Gómez Prieto, quien acusó al PP de querer crear confusión con esta enmienda que calificó "de matute".

"La tragedia de este país no es que el Gobierno pueda cometer errores, sino la oposición que ustedes hacen que no hacen más que confundir un rumbo estratégico del Gobierno en este asunto", dijo Gómez Prieto en alusión a los diputados populares a quienes acusó de "hacr una campaña electoral echando porquería sobre el Gobierno", lo que fue contestado desde las filas populares con abucheos.

Por su parte, el diputado popular Gonzalo Robles defendió la enmienda a la totalidad de su grupo y echó en cara al Gobierno el retraso en más de dos años en la implantación de dichas medidas, al tiempo que, a su vez, acusó al Ejecutivo de crear confusión en este asunto.