RAJOY ALERTA DE LAS "GRAVES CONSECUENCIAS" QUE TENDRÍA UNA RELECTURA DE LAS RELACIONES ESTADO-IGLESIA
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El presidente del PP, Mariano Rajoy, alertó hoy de las "graves consecuencias para la convivencia" que acarrearía una relectura de la cuestión religiosa reflejada en la Constitución y, por extensión, de las relaciones entre el Estado y la Iglesia Católica.
Rajoy participó en un curso de verano sobre las relaciones entre el Estado y la Iglesia organizado por la Universidad San Pablo-CEU, en una semana en la que se ha reabierto la polémica sobre un posible refuerzo del laicismo en España.
El líder popular advirtió de que la lealtad al espíritu constitucional, la prudencia y el sentido de la responsabilidad política "aconsejan el mantenimiento de los acuerdos" suscritos con la Iglesia Católica, y sentenció que ninguna de las cláusulas contenidas en ellos "necesita modificarse con urgencia".
Dando un paso más en ese aviso, aseguró que el replanteamiento del sistema constitucional en materia religiosa en virtud de una lectura laicista del principio de aconfesionalidad del Estado "tendría graves consecuencias para la convivencia", porque "alimentaría la división" entre los ciudadanos y conllevaría "la quiebra" de la solución a esta cuestión que se cerró en la Constitución de 1978.
"De muchas maneras se puede quebrar el pacto constituyente", concluyó, "pero, si se hiciera así, incurriríamos en un error que demostraría que quienes nos dedicamos a la política entrado el siglo XXI no hemos sabido estar a la altura de la responsabilidad histórica" de quienes redactaron la Constitución.
Rajoy acusó directamente al Gobierno de querer dar un nuevo contenido a los conceptos de laicidad y de aconfesionalidad, y también de intentar "debilitar" la posición de la Iglesia Católica, dos hechos que no son aislados, porque otros pilares del sistema de convivencia, aseguró, se han puesto "en entredicho".
Su argumentación para exponer sus discrepancias con el Ejecutivo se basó en la idea de que la libertad religiosa consagrada en la Carta Magna no es una cuestión que afecte sólo a la esfera privada de los ciudadanos, sino que se expresa socialmente, y que se aplica también a las confesiones, que deben tener plena autonomía de actuación.
Otra idea, asociada a la anterior, es que esa libertad religiosa requiere, para ser efectiva, la cooperación del Estado con las confesiones religiosas, especialmente con la Iglesia Católica, la única a la que la Constitución señala con su nombre, precisamente por coherencia con la realidad de la sociedad española.
"ZASCANDIL"
Además, explicó, la aconfesionalidad del Estado debe ser entendida como una "autolimitación", es decir, que los poderes públicos no pueden identificarse con ninguna confesión, pero tampoco desarrollar una ideología que muestre hostilidad o beligerancia hacia una confesión.
Estas tres ideas son las esenciales, en su opinión, del artículo 16 de la Carta, en el que los constituyentes lograron con acierto plasmar el equilibrio entre el pasado confesional del Estado y una negación de la presencia de la Iglesia en la sociedad que no hubiera sido razonable.
La cuestión religiosa es, por tanto, un factor "que no puede dejar de tenerse en cuenta" a la hora de sentar las bases de la convivencia en España, algo que, en opinión del presidente del PP, está siendo obviado por el actual Gobierno.
En respuesta a varias preguntas durante el coloquio posterior, Rajoy acusó al Gobierno de fomentar la división en lugar del encuentro en asuntos que afectan a esa convivencia, como la ley que permite los matrimonios entre personas del mismo sexo y que se ha guiado más "por el espectáculo y el folclore" que por los intereses generales de los ciudadanos.
Esta ley es una muestra, en su opinión, de que el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, está intentando "decidir las reglas de juego a bofetadas", sin buscar siquiera el acuerdo con la principal fuerza de la oposición pese a las promesas de diálogo y talante.
"Yo lo que no voy a ser es un zascandil", comentó. Uno de los asistentes increpó a Rajoy por la posición que el PP mantuvo en la guerra de Iraq y que mereció la reprobación del papa Juan Pablo II, y el presidente popular se defendió recordando que en algunos asuntos las opiniones de la Iglesia y la de un Estado soberano pueden no coincidir, y lo que no es consentible, sentenció, es que la política exterior "la fije alguien distinto del Gobierno de España".
(SERVIMEDIA)
13 Jul 2005
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